La nacionalización pendiente: el debate sobre quién captura la riqueza del cobre en Chile

A más de medio siglo de la histórica nacionalización impulsada por Salvador Allende, un análisis de nuestro expresidente Felipe Matthews plantea que el verdadero debate ya no gira en torno a la propiedad del cobre, sino sobre quién se beneficia de la renta que genera la principal riqueza minera del país.

El 11 de julio de 1971 quedó grabado en la memoria colectiva chilena como el día en que “el cobre pasó a ser de los chilenos”. Sin embargo, según el análisis desarrollado por nuestro expresidente Felipe Matthews, la realidad jurídica e histórica es más compleja. Lo que el Congreso Nacional aprobó por unanimidad mediante la Ley 17.450 fue la nacionalización de las empresas que integraban la Gran Minería del Cobre de la época, no del cobre como recurso mineral propiamente tal.

La reforma permitió que el Estado tomara control de cinco grandes yacimientos que estaban en manos de compañías estadounidenses: Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, Andina y Exótica. Estas operaciones constituyeron posteriormente la base de lo que hoy es CODELCO.

EL SUBSUELO SIGUIÓ SIENDO DEL ESTADO

Felipe Matthews destaca que la misma reforma constitucional de 1971 consagró el dominio “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” del Estado sobre todas las minas del país. Ese principio fue posteriormente recogido por la Constitución de 1980 y sigue vigente hasta hoy.

No obstante, durante la década de 1980 se instauró un nuevo régimen de concesiones mineras que permitió el ingreso masivo de inversión privada y extranjera. Bajo ese marco jurídico nacieron proyectos como Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, Candelaria y Quebrada Blanca, yacimientos que nunca fueron nacionalizados porque fueron desarrollados posteriormente bajo reglas distintas.

LA MINERÍA PRIVADA DOMINA LA PRODUCCIÓN

La investigación de nuestro expresidente sostiene que la principal transformación de la industria minera chilena ocurrió después de la nacionalización. Actualmente, gran parte de la producción nacional proviene de compañías privadas controladas por capitales extranjeros. De hecho, en 2025 la producción de Minera Escondida superó por primera vez la suma de las siete divisiones operativas de CODELCO, reflejando el peso que ha adquirido el sector privado en la explotación del cobre chileno.

Según Matthews, la paradoja chilena es que el Estado mantiene la propiedad constitucional de los recursos minerales, pero una parte significativa de la renta económica derivada de su explotación es capturada por empresas privadas a través del sistema de concesiones vigente.

EL DESAFÍO: LA RENTA DEL COBRE

Para Felipe Matthews, el debate estratégico del siglo XXI no pasa por una nueva nacionalización de las grandes minas privadas, opción que considera económicamente inviable debido a los altos costos de indemnización. En cambio, plantea que la discusión pendiente es cómo distribuir de mejor manera la renta minera entre el Estado, las regiones productoras, las empresas y las futuras generaciones.

Nuestro exdirector concluye que la soberanía sobre los recursos naturales conquistada en 1971 sigue vigente, pero advierte que la verdadera discusión pendiente es si Chile ha logrado capturar de forma efectiva los beneficios económicos que genera su principal riqueza mineral. Más de cinco décadas después de la nacionalización, sostiene, la pregunta ya no es quién es dueño del cobre, sino quién recibe la mayor parte de sus ganancias.