¿Dónde está el dinero del royalty? Proyecto busca obligar a transparentar su ejecución

Más de $218 mil millones llegaron a 308 municipios durante 2025 mediante los fondos de Equidad Territorial y de Comunas Mineras. Una moción parlamentaria propone que cada municipalidad publique trimestralmente cómo utiliza esos recursos. La iniciativa permitiría seguir mejor el gasto, pero deja abierta una pregunta más exigente: ¿cómo comprobar que el royalty produjo resultados concretos en los territorios?

Chile ya puede saber cuánto dinero del royalty se transfiere a cada municipalidad. Mucho más difícil resulta determinar en qué proyectos terminó, qué proveedores recibieron los pagos, cuánto queda sin ejecutar y qué beneficios produjo para las comunidades.

Esa brecha dio origen al proyecto de ley contenido en el boletín 18.268-06, ingresado el 13 de mayo de 2026 por los diputados Alejandro Bernales, Marcela Hernando, Luis Malla y Sebastián Videla.

La propuesta busca convertir la transparencia del royalty en una obligación permanente. Actualmente, buena parte de la rendición depende de disposiciones incluidas cada año en la Ley de Presupuestos y de reportes enviados a organismos públicos que no siempre permiten a un vecino reconstruir fácilmente el recorrido del dinero.

MÁS DE $218 MIL MILLONES EN UN AÑO

La Ley 21.591 creó dos aportes municipales de libre disposición: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. El primero busca apoyar a municipios con mayor dependencia del Fondo Común Municipal; el segundo compensa especialmente a comunas vinculadas con la actividad minera y sus externalidades.

Según los antecedentes de la moción, en 2024 se distribuyeron fondos transitorios por $93.646 millones entre 307 comunas. En 2025, cuando comenzó a operar el régimen permanente, las transferencias alcanzaron los $218.316 millones para 308 municipios: $165.595 millones correspondieron al Fondo de Equidad Territorial y $52.721 millones al Fondo de Comunas Mineras.

Al momento de ingresar el proyecto, las dos primeras cuotas de 2026 sumaban otros $113.268 millones. Las cifras constan en el texto oficial de la iniciativa.

Los recursos son de libre disposición. Esto permite que cada municipio los destine a sus prioridades, sin quedar restringido a una cartera nacional predeterminada. Esa flexibilidad fortalece la autonomía local, pero también dificulta comparar la ejecución entre comunas y evaluar si el dinero se utilizó para resolver necesidades duraderas o solamente para financiar gasto corriente.

QUÉ PROPONE PUBLICAR LA INICIATIVA

El proyecto obligaría a las municipalidades beneficiarias a publicar trimestralmente la ejecución de estos fondos en sus sitios web.

La información tendría que presentarse en formatos abiertos y desagregarse por proyectos y programas. También debería incorporar indicadores que permitan medir sus resultados. Adicionalmente, cada municipio tendría que elaborar un informe técnico anual sobre la relación entre los gastos financiados y los objetivos de su Plan de Desarrollo Comunal, el Pladeco, y presentarlo ante el concejo municipal.

La propuesta no cambia el carácter de libre disposición de los fondos ni determina en qué debe gastar cada alcalde. Su objetivo es que la decisión pueda ser observada y evaluada.

En la práctica, sin embargo, la utilidad de la reforma dependerá del nivel de detalle exigido. Publicar una cifra global bajo conceptos como “mejoramiento urbano”, “servicios comunitarios” o “apoyo social” no permite seguir el dinero.

Una rendición realmente fiscalizable tendría que identificar, al menos, el proyecto financiado, su ubicación, presupuesto inicial y actualizado, proveedor o contratista, mecanismo de contratación, pagos realizados, avance físico, beneficiarios, metas, modificaciones y saldos pendientes.

EL INCUMPLIMIENTO QUE DENUNCIA LA MOCIÓN

Los autores sostienen que durante 2024 un 61% de los municipios beneficiarios —187 de 307— no cumplió completamente las obligaciones de publicación asociadas a estos recursos.

También afirman que en 2025, al no mantenerse de la misma forma la obligación expresa utilizada durante el período transitorio, solo alrededor del 20% de las municipalidades publicó voluntariamente antecedentes sobre la ejecución. Los documentos disponibles, además, habrían utilizado formatos y niveles de detalle diferentes.

Las cifras forman parte de los fundamentos de la moción y todavía deben ser contrastadas municipio por municipio. No corresponden, por sí solas, a una auditoría general de la Contraloría.

Ese contraste abre una primera línea de investigación: identificar qué municipios publicaron información completa, cuáles entregaron datos parciales y cuáles no dejaron registros fácilmente accesibles. También permitiría comparar el comportamiento de las comunas que reciben mayores transferencias con el de aquellas que transparentan mejor su utilización.

LA FISCALIZACIÓN NO COMIENZA DESDE CERO

El proyecto no llega a un territorio completamente desregulado. La Ley de Presupuestos de 2026 estableció que los municipios debían informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre el uso de los fondos recibidos durante 2025. El incumplimiento puede impedir el traspaso de nuevas cuotas.

La Subdere también debe informar semestralmente al Congreso sobre el uso municipal de ambos fondos.

La diferencia es institucional. Las glosas presupuestarias tienen vigencia anual y pueden cambiar en cada discusión presupuestaria. La moción busca instalar en la legislación permanente una obligación trimestral de publicación directa para los municipios.

Persisten, no obstante, preguntas que el debate parlamentario deberá resolver: quién comprobará la calidad de los datos, qué ocurrirá cuando se publiquen antecedentes incompletos, cómo se corregirán las inconsistencias y si existirán consecuencias proporcionales por incumplimiento.

La transparencia formal puede satisfacerse subiendo archivos dispersos o documentos escaneados. La rendición efectiva exige bases descargables, criterios comunes y capacidad para comparar municipios y años.

LA PARTE REGIONAL QUEDA FUERA

El título del proyecto habla de la ejecución de los aportes del royalty, pero su articulado se concentra en los dos fondos municipales. No abarca directamente el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, administrado por los gobiernos regionales.

Según un informe de la Dirección de Presupuestos, este fondo regional contempló $227.859 millones en 2025 y la misma cantidad en 2026. Dipres ha advertido que la ejecución regional presenta diferencias importantes, relacionadas con capacidades técnicas, licitaciones fallidas, aumentos de costos, cambios de administración y coordinación entre instituciones.

Para los gobiernos regionales existe otra iniciativa: el boletín 17.262-06, que busca obligar a los gobernadores a rendir públicamente cuenta de los recursos del royalty.

La existencia de dos proyectos distintos revela un problema mayor. El seguimien

to del royalty está dividido entre municipios, gobiernos regionales, Subdere, Dipres, concejos municipales, consejos regionales y el Congreso. Para reconstruir el gasto completo, un ciudadano debe consultar numerosas instituciones y formatos.

Una alternativa más ambiciosa sería crear un portal nacional único que mostrara cada transferencia, proyecto, contrato, pago, avance y resultado, sin eliminar la autonomía de las autoridades territoriales.

DE SABER CUÁNTO SE GASTÓ A CONOCER QUÉ CAMBIÓ

El boletín 18.268-06 se encuentra en su primer trámite constitucional. Al 3 de agosto de 2026, la ficha legislativa no registra todavía un informe de comisión que permita conocer eventuales modificaciones al texto original.

Su discusión definirá si la iniciativa termina convertida en una nueva obligación documental o en una herramienta efectiva de control público.

La pregunta ya no debería limitarse a cuánto recibió cada municipio o qué porcentaje declaró como ejecutado. En las comunas que tienen fuerte actividad minera, tienen fuerte actividad minera la rendición más relevante es otra: qué problema se resolvió, a quién benefició, cuánto costó y si el resultado puede verificarse.

Solo entonces será posible responder con precisión dónde está el dinero del royalty.